Por: Raúl Guillamondegui
Existe un gran problema que está inmerso en la sociedad, y este es el de inseguridad ciudadana. Ante la alarma provocada por la creciente taza de criminalidad, lo primero que se ofrece desde el sector político es una serie de reformas sustanciales al Código Penal y a institutos procesales y penitenciarios, que se da por medio de publicidad concebida como la oferta de una nueva ley penal como salvadora de todos los males sociales. La inquietud que moviliza este trabajo es doble; por una parte nos preguntamos si existe el riesgo de que estos movimientos legislativos apresurados afecten garantías constitucionales y marchemos hacia un diseño de derecho penal del enemigo. Y por otro lado nos preocupamos si la recién concebida reforma penal resultará suficiente para prevenir el delito.
Un estado de derecho debe cumplir la función de ofrecer al justiciable todas las posibilidades de defensa y se arbitren los medios técnicos y materiales para respetar su dignidad humana. Ello no debe interpretarse como habitualmente sucede que la ley está a favor del delincuente, sino que es una garantía o principio propio de la forma de vida que políticamente elegimos vivir. Ahora bien con los llamados discursos de emergencia, se puede ver: la existencia de un reclamo de la opinión publica a su dirigencia para generar la solución al problema causado por un hecho nuevo; la sanción de una legislación penal con reglas diferentes a las tradicionales del derecho penal liberal y los efectos de esa legislación que se hizo en tiempo veloz, que únicamente proporcionan a la sociedad una sensación de solución del problema sin erradicarlo y creando un derecho penal simbólico.
Se está viviendo entonces claramente, que con el surgimiento de las nuevas exigencias post industriales, se está dejando de lado al buen derecho penal liberal, y empezamos a ser testigos que existe preferencia a los llamados bienes jurídicos universales que a los individuales, también que se está desapareciendo principios como la intervención mínima y de legalidad donde como dice Hassemer, el fin parece justificar los medios.
Por otro lado, se puede ver que los medios de comunicación también representan uno de los problemas por el cual la sociedad trata de pedir respuestas no al derecho de policía sino al derecho penal. Esto trae como consecuencia, el fenómeno de expansión del derecho penal donde procura dar una respuesta a través de la flexibilización de principios políticos criminales. El delito tiene múltiples causas y sobre ellas, el estado debe trabajar responsablemente en busca de su disminución. Donde se debe ver causas y no efectos. Sin embargo el problema de inseguridad ciudadana está más allá de la sensación promovida por los medios de prensa y no es un problema nuevo. Esta inseguridad provoca que la sociedad pida mayor eficacia de la persecución efectiva, entonces ve al derecho penal, como un instrumento eficaz de lucha contra el delito, dando lugar a un derecho penal del enemigo. El delito está y sigue creciendo, pero la solución, no viene por la inflación penal o por el endurecimiento de las penas. Es responsabilidad del estado y de la comunidad empezar a trabajar en serio, a través de la promoción de políticas sociales, económicas educativas, sanitarias que generen igualdad de oportunidades y tengan como destinatario al ser humano. Al mismo tiempo este derecho penal, debe ir acompañado de sistema de control social informal. Y se cree que todo esto se puede hacer bajo un estado de derecho. Y se debe dejar de generar un derecho penal simbólico, que como está demostrado empíricamente de nada sirve.
Opinión
Hoy en día se habla mucho de la dignidad humana, y es a través de esta que un estado de derecho debe regirse, tanta lucha por respetar la dignidad humana, no puede ser olvidada ni ignorada. Es por eso que el delincuente debe tener dignidad humana, la sociedad debe percatarse de que se está tratando a un ser humano, que por el hecho de ser humano se le debe proteger su dignidad humana.
Considero importante concientizar a la sociedad de que todos somos seres humanos y deben ser tratados como seres humanos. La solución para la seguridad ciudadana no está en endurecimiento de las penas se debe implantar como la lectura dice programas de prevención, donde todos deben poner de su parte, no se trata de que el derecho penal resuelva todo, se debe empezar desde el núcleo familiar, en la ecuación y se debe promover que se realice un buen servicio público
Se puede percatar entonces, que dados lo discursos de emergencia, es decir la existencia de un reclamo de la opinión pública para que se solucione un problema causado por un hecho nuevo. Está claro que, el actuar veloz del legislador, nos lleva a un derecho penal simbólico que únicamente proporciona a la sociedad una sensación de solución o reducción del problema. Sin embargo lo que la sociedad no percata es que se está vulnerando principios de intervención mínima, de legalidad, de culpabilidad, de proporcionalidad de las penas y de resocialización del condenado. Todo esto se lo debe evitar. El legislador debe responder a los discursos de emergencia de manera coherente y basándose siempre en éstos principios. Se debe evitar caer en un derecho penal simbólico, que al fin de cuentas a la larga será muy perjudicial para nuestro sistema. Ocasionando así mayor inseguridad por la sociedad y haciendo que esta cambie de opinión constantemente de que si se debe endurecer o no las penas, inclinándose por la primera opción.
Existe un gran problema que está inmerso en la sociedad, y este es el de inseguridad ciudadana. Ante la alarma provocada por la creciente taza de criminalidad, lo primero que se ofrece desde el sector político es una serie de reformas sustanciales al Código Penal y a institutos procesales y penitenciarios, que se da por medio de publicidad concebida como la oferta de una nueva ley penal como salvadora de todos los males sociales. La inquietud que moviliza este trabajo es doble; por una parte nos preguntamos si existe el riesgo de que estos movimientos legislativos apresurados afecten garantías constitucionales y marchemos hacia un diseño de derecho penal del enemigo. Y por otro lado nos preocupamos si la recién concebida reforma penal resultará suficiente para prevenir el delito.
Un estado de derecho debe cumplir la función de ofrecer al justiciable todas las posibilidades de defensa y se arbitren los medios técnicos y materiales para respetar su dignidad humana. Ello no debe interpretarse como habitualmente sucede que la ley está a favor del delincuente, sino que es una garantía o principio propio de la forma de vida que políticamente elegimos vivir. Ahora bien con los llamados discursos de emergencia, se puede ver: la existencia de un reclamo de la opinión publica a su dirigencia para generar la solución al problema causado por un hecho nuevo; la sanción de una legislación penal con reglas diferentes a las tradicionales del derecho penal liberal y los efectos de esa legislación que se hizo en tiempo veloz, que únicamente proporcionan a la sociedad una sensación de solución del problema sin erradicarlo y creando un derecho penal simbólico.
Se está viviendo entonces claramente, que con el surgimiento de las nuevas exigencias post industriales, se está dejando de lado al buen derecho penal liberal, y empezamos a ser testigos que existe preferencia a los llamados bienes jurídicos universales que a los individuales, también que se está desapareciendo principios como la intervención mínima y de legalidad donde como dice Hassemer, el fin parece justificar los medios.
Por otro lado, se puede ver que los medios de comunicación también representan uno de los problemas por el cual la sociedad trata de pedir respuestas no al derecho de policía sino al derecho penal. Esto trae como consecuencia, el fenómeno de expansión del derecho penal donde procura dar una respuesta a través de la flexibilización de principios políticos criminales. El delito tiene múltiples causas y sobre ellas, el estado debe trabajar responsablemente en busca de su disminución. Donde se debe ver causas y no efectos. Sin embargo el problema de inseguridad ciudadana está más allá de la sensación promovida por los medios de prensa y no es un problema nuevo. Esta inseguridad provoca que la sociedad pida mayor eficacia de la persecución efectiva, entonces ve al derecho penal, como un instrumento eficaz de lucha contra el delito, dando lugar a un derecho penal del enemigo. El delito está y sigue creciendo, pero la solución, no viene por la inflación penal o por el endurecimiento de las penas. Es responsabilidad del estado y de la comunidad empezar a trabajar en serio, a través de la promoción de políticas sociales, económicas educativas, sanitarias que generen igualdad de oportunidades y tengan como destinatario al ser humano. Al mismo tiempo este derecho penal, debe ir acompañado de sistema de control social informal. Y se cree que todo esto se puede hacer bajo un estado de derecho. Y se debe dejar de generar un derecho penal simbólico, que como está demostrado empíricamente de nada sirve.
Opinión
Hoy en día se habla mucho de la dignidad humana, y es a través de esta que un estado de derecho debe regirse, tanta lucha por respetar la dignidad humana, no puede ser olvidada ni ignorada. Es por eso que el delincuente debe tener dignidad humana, la sociedad debe percatarse de que se está tratando a un ser humano, que por el hecho de ser humano se le debe proteger su dignidad humana.
Considero importante concientizar a la sociedad de que todos somos seres humanos y deben ser tratados como seres humanos. La solución para la seguridad ciudadana no está en endurecimiento de las penas se debe implantar como la lectura dice programas de prevención, donde todos deben poner de su parte, no se trata de que el derecho penal resuelva todo, se debe empezar desde el núcleo familiar, en la ecuación y se debe promover que se realice un buen servicio público
Se puede percatar entonces, que dados lo discursos de emergencia, es decir la existencia de un reclamo de la opinión pública para que se solucione un problema causado por un hecho nuevo. Está claro que, el actuar veloz del legislador, nos lleva a un derecho penal simbólico que únicamente proporciona a la sociedad una sensación de solución o reducción del problema. Sin embargo lo que la sociedad no percata es que se está vulnerando principios de intervención mínima, de legalidad, de culpabilidad, de proporcionalidad de las penas y de resocialización del condenado. Todo esto se lo debe evitar. El legislador debe responder a los discursos de emergencia de manera coherente y basándose siempre en éstos principios. Se debe evitar caer en un derecho penal simbólico, que al fin de cuentas a la larga será muy perjudicial para nuestro sistema. Ocasionando así mayor inseguridad por la sociedad y haciendo que esta cambie de opinión constantemente de que si se debe endurecer o no las penas, inclinándose por la primera opción.
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